Histórico discurso de Anajnu en el Congreso Nacional

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Con la presencia de la Senadora Soledad Alvear, presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, y jefes de las diversas bancadas parlamentarias, en el marco del Seminario de Perfeccionamiento de la Ley Antidiscriminación

 

"Una sociedad democrática, como pretende ser nuestro país, Chile, debe velar por el establecimiento de la garantía solemne para que toda persona sea tratada en términos de igualdad, tanto en sus deberes para con el país, como en la protección de sus derechos.

La histórica lucha contra la discriminación, que encuentra su origen en los vergonzosos sucesos acontecidos durante el período de la Alemania nazi, y que se proyecta en un sinnúmero de luchas específicas durante la segunda mitad del S.XX, ha apuntado siempre en una dirección: ampliar nuestra idea de igualdad para que a la igualdad frente a la ley se agregue una igualdad real de oportunidades de desarrollo en la sociedad.

La Democracia, como forma de gobierno, se perfecciona cuando supera la fragmentación que se deriva de concepciones discriminatorias. Un Estado que promueve, o al menos, no impide manifestaciones discriminatorias, apunta hacia la desigualdad, a la violencia de todo tipo, al abandono de los vínculos de solidaridad que son innatos al quehacer humano en el campo de la educación, la investigación, la elaboración de políticas públicas, en definitiva, el silencio del poder estatal facilita el odio, el racismo, el clasismo, transformando las legítimas diferencias en motivos irreconciliables. Las sociedades donde se lucha contra la discriminación son más prósperas, más coherentes, más libres y solidarias. La calidad de la democracia depende de qué tan fuerte sea su esfuerzo antidiscriminatorio.

El proyecto de Ley Antidiscriminación se empezó a discutir a finales de los años 90’. La Comunidad Judía ha estado desde el primer momento en su generación y gestión. La experiencia particular y dolorosa de lo que es discriminación ha hermanado a judíos con los pueblos originarios, con las organizaciones de la diversidad sexual, y con diversas sensibilidades religiosas que se sumaron en torno a la idea de la “Tolerancia y la No discriminación”.

Luego de un largo y agotador proceso en que la Ley fue sufriendo modificaciones, ha sido aprobada recientemente por el Senado.

Curiosamente nunca se ha considerado que Chile, de aprobarse esta ley, dejaría de ser el único país latinoamericano en no contar con una legislación que condene las acciones discriminatorias. Para muchos países hermanos en Latinoamérica, sin mencionar Europa, este tipo de legislación es parte de su vida cotidiana desde hace ya varios años, habida cuenta las traumáticas experiencias históricas derivadas del racismo, el clasismo, la homofobia y diversas formas veladas de discriminación.

La aprobación de Ley Antidiscriminación marcará un antes y un después y nos colocará a nivel de países desarrollados y a la par del resto de nuestros vecinos latinoamericanos. Sería un paso más en la construcción de un Chile más justo, igualitario y con una democracia de mejor calidad.

Chile es un país diverso y precisamente ahí es donde radica su riqueza. La Ley Antidiscriminación fortalece esta riqueza surgida desde su diversidad condenando todo tipo de discriminación. Eso es garantizar dignidad y respeto. El pueblo chileno de religión judía, sabe muy bien lo que es la ausencia de esta dignidad y este respeto.

La Ley protege las categorías de etnia y raza, nacionalidad, participación política y gremial, edad, apariencia física, religión, discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, entre otras, lo cual facilita una base más específica para respaldar otras demandas de distintos sectores marginados.

No obstante el avance que significa esta Ley, la crítica principal obedece a la falta de una institucionalidad, en otras palabras, esta Ley no tiene un organismo o repartición pública que se haga cargo de su cumplimiento. Lo ideal era crear una comisión, instituto o algo parecido, que se hiciera responsable de monitorear y asegurar el cumplimiento de esta Ley. Sin embargo, como suele suceder en esta materia, el Congreso, dado que no tiene facultades para asignar partidas presupuestarias, se remite a elaborar una Ley general.

Sólo el ejecutivo podría tomar esa iniciativa, y eso reduce el tema a la voluntad política del gobierno.

Dado que esta no es una Ley marco, no modifica obligatoriamente otros artículos que discriminan, como el ambiguo y añejo artículo 373 del Código Penal que habla de la “moral y las buenas costumbres”. Tampoco afecta uno de los artículos que oculta en gran medida la discriminación, el 161 del Código del Trabajo, referido a “necesidades de la empresa” como causal de despido.

Otra fragilidad es que se trata de una Ley reactiva, es decir, dado que sólo es un mecanismo de reclamo, no tiene posibilidad de prevenir la discriminación o bien promover la NO Discriminación en cualquiera de sus formas. Esto hace que la Ley, en términos generales, se remita al actuar de los tribunales, dejando muy poco espacio para la prevención, promoción y defensa de los discriminados.

Corresponde, entonces, que el ejecutivo asuma el rol político de velar por la garantía y respeto de estos derechos básicos.

Además, se debe señalar que esta Ley es básica, casi de sentido común. Pero en medio de una institucionalidad democrática tan limitada como la nuestra, ha costado mucho sacarla adelante. De hecho, es la peor de Latinoamérica y, como señala el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, no cumple con los estándares básicos requeridos para un efectivo y pleno ejercicio de los derechos.

Esto debe mejorarse a posteriori, sea mediante un perfeccionamiento de la misma ley aprobada, sea a través de políticas públicas decretadas desde la propia administración estatal.

Pero, no obstante, las tareas son muchas y sin límite. Habrá que asumir esfuerzos educativos en todos los niveles de la sociedad, educar para la tolerancia y la aceptación de las diferencias. El desarrollo de una cultura de la no discriminación implica crear conciencia en la población respecto a que todas las personas son iguales en dignidad y derechos fundamentales, independientemente de su origen, características, preferencias y convicciones. Una sociedad que es capaz de valorar y asumir la diversidad desde el respeto a las diferencias y matices, es una sociedad que asume el sentido positivo del pluralismo en todos lo campos de la convivencia.

Habrá que asumir un rol activo en el esclarecimiento hacia sectores que hoy se caracterizan por la intolerancia y la discriminación. Principalmente aclarar que esta Ley no beneficia a las “minorías”, como se ha dicho comúnmente. Al contrario. Esta Ley beneficia a la mayoría toda vez que el Estado asume que se garantizan los derechos de todas las personas en su condición humana.

La ignorancia y la falta de información son dos elementos que no permiten el crecimiento de la sociedad en sus particularidades. Partidos políticos, iglesias, mezquitas, logias, y toda institución de asociatividad libre, deberán incorporar los debates sobre la diversidad adecuándose a los desafíos de la realidad y la evolución del quehacer humano. Si la historia entrega nuevas formas de relación humana, es importante que las instituciones civiles y religiosas entreguen, desde esas nuevas formas, criterios éticos contemporáneos para afrontar esas realidades.

Como judíos hemos tenido la experiencia de la diversidad en nuestra multi-cultura particular. Con más de cien años de presencia organizada en Chile integrados a todas las áreas de la sociedad, continuaremos aportando a la sociedad chilena en el campo de las ciencias, la investigación, la política, la reflexión filosófica, el dialogo interreligioso, la educación, el quehacer vecinal, las artes, la protección hacia los perseguidos en tiempos de paz o de convulsión social, la acogida solidaria y generosa con los inmigrantes. Tal como indica nuestro milenario mandato bíblico en orden a proteger a los sectores débiles de la sociedad. Se nos verá, como ya lo hemos hecho, en la primera línea en la defensa de los perseguidos por cualquier razón discriminatoria.

Este compromiso no es nuevo. No hay novedad en ello. Surge ante el eco de la memoria histórica que nos recuerda a cada momento que la discriminación es la antesala de la persecución y el odio. Surgió al momento en que a los gitanos, homosexuales, masones, minusválidos, disidentes políticos, y judíos, la intolerancia y la discriminación nos hizo compartir los mismos hornos crematorios".



 

 

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