Tras 74 días de ayuno de los 34 comuneros mapuche, casi transversalmente se ha llegado a la conclusión de que este conflicto ha abierto una serie de aristas que, pese a no emerger públicamente, estaban latentes. ¿La más significativa? La áspera relación entre la administración de Sebastián Piñera y la Iglesia Católica. Aunque desde antes que asumiera el actual gobierno se especuló con que el clero ocuparía un rol mucho más preponderante que en los que lo precedieron, todo ello sumado a las manifestaciones públicas del mandatario en relación con su credo, la dura realidad es que la otrora poderosa iglesia parece haber caído en desgracia. Y a quien se le otorga gran parte, si no toda la responsabilidad en ello, es al severo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

“A veces la Iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión religiosa. Hay ciertos aspectos que están entregados más al campo de lo político que al campo de la confesión religiosa”, advirtió Hinzpeter el pasado 15 de julio, cuando la Conferencia Episcopal anunció que entregaría al Ejecutivo su propuesta de Indulto Bicentenario y que marcó el distanciamiento entre ambas instituciones.

Tampoco es un secreto que el gobierno sólo llamó a la Iglesia Católica a participar en la búsqueda de una solución al conflicto suscitado con la huelga de hambre de los comuneros mapuche, sólo como último recurso. De hecho, antes de que agarrara el vuelo que finalmente alcanzó, desde el propio oficialismo se le sugirió a Hinzpeter que “le pidiera ayuda a la Iglesia Católica antes de que el problema tomara fuerza”, pero el titular de Interior no escuchó y esperó hasta el final. Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas monitoreaban la situación y habían tenido contactos con algunos parlamentarios que estaban siguiendo de cerca el curso de los acontecimientos.

Ya a esa altura, cuando el gobierno ni siquiera tenía redactados los proyectos de ley con los que tiene la convicción de que puede arreglar el problema, algunos parlamentarios de la derecha pedían la intervención de la Iglesia Católica. Pero estos mismos reconocían que en el clero estaban reacios a entrar en el conflicto. El temor latente era, y sigue siendo, que finalmente sea la Curia la que asuma la responsabilidad si las cosas salen mal. Y, en ese sentido, no parece haber disposición para blindar a Piñera y a su gobierno gratuitamente. Después del trato que ha recibido la Iglesia Católica de La Moneda, dice una fuente de la Concertación, “lo más probable es que no se sienta obligada a participar en una situación que no parece tener salida, porque el propio gobierno no está dispuesto a dársela”.

Facilitador, no mediador

Aunque el gobierno necesita la ayuda de la Curia, todo tiene un límite. No ha cedido en entregarle las facultades y atribuciones para mediar. El diputado René Saffirio (DC), integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, asegura que el gobierno “nunca ha reconocido la facultad mediadora de la Iglesia. El término que usó para expresar su labor en la búsqueda de una solución al problema fue el de facilitador”, que a su juicio no es lo mismo que “mediador”, pues “no ha tenido el piso del gobierno para avanzar en un acuerdo”.

En este sentido, Saffirio –representante del distrito 50 que incluye a Temuco y Padre Las Casas- tiene una visión bastante clara respecto de la relación gobierno-iglesia en este episodio en particular, pues estima que “ha habido resistencia de ambas partes” a trabajar juntas. “Por un lado, al gobierno no le gusta hablar de mediación de la Iglesia y la Iglesia misma ha tomado con bastante reserva el asumir una posición de mediadora”, asevera. A su juicio, “no es casualidad que sea Monseñor Ricardo Ezzati quien se haya hecho cargo de este tema por parte de la Curia y no el Cardenal Francisco Javier Errázuriz”. Pero también plantea que “el problema con la Iglesia, de parte del gobierno, tiene más que ver con la idea del Ejecutivo de minimizar el conflicto”. Por lo que no duda en advertir que “sería solo responsabilidad del gobierno que se creara un ambiente de convulsión social, en el caso de que un comunero muriera”.

En una línea muy similar a la del diputado, para el senador PS Juan Pablo Letelier “se necesitan más gestos para romper el muro de la desconfianza que existe”, conciente de que el gobierno siente temor “de dar una señal de debilidad que no le gustaría a su propio sector, si cediera en el conflicto de la huelga de hambre”. Similar mirada expresa Saffirio, quien asegura que “el gobierno no sólo no ha querido dialogar, sino que necesita dar una demostración de fuerza ante los partidos que lo apoyan, aún a riesgo de que se muera un mapuche”.

Letelier está fascinado con los avances que, sin tener mayor apoyo del gobierno, ha logrado el representante de la Iglesia. “Estaba dispuesto a involucrarse, al punto que generó un diálogo con los huelguistas y logró que bajaran sus demandas de nueve a tres”, pero, según el parlamentario, “no ha encontrado la misma disposición del gobierno.

Aunque no quiere profundizar en la relación gobierno-Iglesia Católica, Letelier recuerda casi con añoranza los tiempos en que “durante los gobiernos de la Concertación había un trato deferente” hacia estas instituciones. Y hace el énfasis en que “llama la atención el trato que ha recibido la Iglesia Católica en esta coyuntura”.

Quienes han conversado con Ezzati sostienen que está convencido de que es el gobierno el que tiene en su mano la solución. Y mientras Hinzpeter insiste en que los proyectos de ley son la llave para terminar con la huelga, Ezzati advierte que “el camino legislativo es un tiempo muy largo para los comuneros y su salud” e incluso llamó a las autoridades a retirar las querellas, a lo que el gobierno se cerró de plano. Es por ello que, según trascendió, el prelado está evaluando comenzar a plantear “razones humanitarias” para actuar y resolver el problema coyuntural: la huelga de hambre.

Consultado a este respecto, el senador Jaime Quintana (PPD), quien ha estado en permanente contacto con los mapuche, sus voceros y con la Iglesia, señaló que “hay que acompañar a la Iglesia en su petición de razones humanitarias” para intentar terminar con la huelga de hambre. El senador cree que la Mesa de Diálogo que se constituye hoy viernes en el Cerro Ñielol “es un tongo comunicacional que sólo le da tranquilidad al presidente en la ONU”.

En la Concertación, e incluso algunos sectores del oficialismo, reconocen que “la Iglesia está bien incómoda y molesta” con el rol que parece estar jugando en el conflicto, porque el gobierno “no la escucha”. Pero el tema va más allá. Se dice que el ministro Cristián Larroulet dejó por completo en manos de Hinzpeter el tema mapuche. Y que él sólo trata con la Iglesia, labor que no ha realizado con mucho éxito, dicen en la oposición, dados los resultados a la vista.
 

El costo de responsabilizarse

En La Moneda, en tanto, reconocen que fue el titular de Interior quien tomó las riendas en el tema. Una vez más. Aunque aclaran que bajo la estricta instrucción de Piñera, lo que puede jugar en contra del ministro si las cosas no salen bien. Según la lectura que hace un inquilino de Palacio, Larroulet “le traspasó la responsabilidad política del asunto a Hinzpeter, aún cuando le corresponde a la Segpres. Los costos los va a pagar Hinzpeter si algo sale mal”.

Otra fuente de Palacio admite que es así y que eso se puede deber “al carácter de Larroulet más inclinado a no enfrentar los conflictos”. Por lo que “obviamente, que el que ha llevado el pandero es Hinzpeter, con los riesgos que eso pueda significar”.

Sin embargo, un parlamentario de oposición recuerda que Ricardo Ezzati está en una carrera por llegar al arzobispado y cualquier error lo podría dejar atrás.

En esta línea, el cientista político Marco Moreno, de la Universidad Central, plantea que efectivamente “la relación entre Ezzati y Larroulet es de incomunicación”. Lo que “coloca un manto de duda sobre la posibilidad de que la Iglesia esté siendo utilizada para blindar a Piñera en el tema mapuche”. Para Moreno, es evidente a todas luces que la Curia, particularmente Ezzati, “no tiene suficientes atribuciones. El piso para negociar es muy poco”. Para el experto “la Iglesia está un poco atrapada por el gobierno, que intenta hacerla aparecer como garante de la solución y que si no la hay será su responsabilidad, no del Ejecutivo”. Así, el escenario que se percibe es el de la “utilización” y, por lo mismo, especula Moreno, es que “Alejandro Goic y el Cardenal Errázuriz no se han metido” en el problema.

Según el cientista político, en esta administración “hay señales inequívocas de que se quiere abrir la participación en el gobierno y el Estado a otras religiones. En los gobiernos de la Concertación esto estuvo fuertemente monopolizado por la Iglesia Católica”. A modo de ejemplo, Moreno recuerda que nunca antes se había dado que participara el Presidente y gran parte del gabinete en una ceremonia en una sinagoga, como ocurrió hace unas semanas y estima que con ello “obviamente, se puede hacer una vinculación directa con la figura de Hinzpeter”.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/09/24/la-iglesia-le-pasa-la-cuenta-a-hinzpeter/