Karadima y la confianza social

LAS DENUNCIAS por abuso a menores personificadas en el sacerdote Karadima parecen estar afectando la confianza social hacia la Iglesia Católica. En forma consistente, diversos estudios demuestran una relevante baja tanto en la confianza hacia ella como respecto de la práctica de sus ritos.

La encuesta nacional UDP muestra que en el año 2006 el 51,6% de los entrevistados decía tener bastante o mucha confianza en la Iglesia Católica. Esa cifra cayó al 47,2% en 2009 y al 42,9% en 2010. La caída más abrupta se evidencia en los estratos bajos, donde el año pasado sólo el 39% manifestó tener bastante o mucha confianza en ella. Lo anterior es consistente con el estudio "Auditoría de la democracia" (PNUD-CEP Chile), que advirtió también una baja estadísticamente significativa en la confianza hacia la Iglesia Católica entre 2009 y 2010 (de 50% a 45%).

Remarcando esta tendencia, la asistencia a las prácticas propias del culto también ha experimentado un descenso no menor. Mientras en el año 2009 el 51,5% de los encuestados declaró haber asistido a la iglesia al menos una vez al mes, en 2010 la cifra cayó al 39,9%.

No es que la sociedad confíe menos en las instituciones en su conjunto. De hecho, se han experimentado cambios positivos en relación con algunas de ellas durante esta década. Tampoco se trata de un proceso homogéneo socialmente. Mientras la asistencia a misa se incrementó levemente en los sectores acomodados, en los sectores bajos cayó más pronunciadamente. Así, es muy plausible inferir que la baja de la confianza social hacia la jerarquía católica tenga que ver con el caso Karadima en particular, pero también con el tipo de reacción pública de la propia institución y con las informaciones aparecidas en años recientes respecto de casos dramáticos ocurridos en otras partes del mundo.

En los países que han experimentado estos escándalos se repiten ciertos patrones. Por ejemplo, en varios de ellos se ha comprobado un intento inicial de la jerarquía de querer ocultar las situaciones de abuso, las sanciones del clero hacia los abusadores fueron casi simbólicas en un primer momento, la presión social de los medios de comunicación y grupos de víctimas ha sido central en establecer responsabilidades y cambiar la inicial actitud del clero, y el costo reputacional y financiero para la Iglesia Católica ha sido mayúsculo.

Seguramente, la situación de Chile está lejos de Estados Unidos, donde más de cuatro mil sacerdotes han sido acusados de abusar sexualmente a más de 10 mil menores de edad; o de Irlanda, donde se recogieron más de dos mil testimonios de abusos por parte de la curia. No obstante, el problema no es tanto la cantidad de casos documentados, sino más bien la reacción de defensa corporativa del prelado frente a este tipo de situaciones.

En otros casos, la protección de los abusadores no ha hecho otra cosa que distanciar aun más a la curia de la sociedad. Por ello, la revisión proactiva de prácticas y procedimientos internos, así como la completa investigación y sanción a los responsables y sus cómplices, parecen centrales para el restablecimiento de una confianza social que se encuentra amenazada.

fuente: latercera.com