EL GOBIERNO DE MENEM Y LOS ATENTADOS CONTRA LA EMBAJADA DE ISRAEL Y CONTRA LA AMIA EN BUENOS AIRES

 Irán y los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA

por Isaac Caro

en especial para ANAJNU

El 17 de marzo de 1992, se produjo un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 28 muertos y unos 300 heridos, incluyendo cuatro funcionarios de la Embajada. El modus operandi de este hecho consistió en una explosión de una camioneta Ford que llevaba unos 110 kilos de dinamita, la que explotó frente a la Embajada, ubicada en el centro de la capital argentina.

Dos años después, el 18 de julio de 1994, ocurrió una nueva explosión, esta vez contra el edificio compartido por la DAIA (Delegación de la Asociación Israelita Argentina) y la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), matando a 85 personas e hiriendo a más de 300 personas. Este ataque ha sido considerado por las autoridades argentinas como el acto terrorista más importante de la historia argentina y el ataque más grave contra una comunidad judía desde las Segunda Guerra Mundial.

Ambos atentados han sido atribuidos a Irán. En el caso de la Embajada de Israel, un completo informe de la justicia argentina (Canevari, 1999) establece que el atentado contra la Embajada de Israel fue “organizado y llevado a cabo por el grupo terrorista Jihad Islámico, brazo armado del Hezbollah”. En lo que se refiere a la AMIA, la justicia argentina, representada por el fiscal Alberto Nisman, señaló, en octubre de 2006, que la decisión de atentar contra la mutual judía fue decidida “por las más altas autoridades políticas y religiosas del régimen iraní”. El motivo del atentado apuntaba a la cancelación por parte de Argentina de provisión de tecnología nuclear a Irán en 1992[i].

A pesar de estas sentencias, las dificultades y obstáculos surgidos para el esclarecimiento total de ambos atentados han prevalecido en el tiempo, no sólo por la complejidad que ha caracterizado a estas operaciones, sino también por otros factores denunciados por la justicia argentina, que apuntan a una obstrucción a la misma por parte de representantes del gobierno de Menem, encabezados por el propio Presidente de la Nación, autoridades judiciales y policiales de la época, e incluso representantes de la propia comunidad judía argentina.

En este breve artículo, apoyados principalmente por un análisis de medios de prensa y de sentencias judiciales, trataremos de señalar hacia dónde se dirigen las acusaciones a estas personalidades. No podemos sacar conclusiones definitivas, porque los largos procesos por estos atentados no han terminado y quizás nunca lleguemos a resoluciones definitivas. Para cada una de las informaciones o denuncias sobre estas causas procederemos a citar en formar explícita la fuente en la que nos hemos basado. 

Vínculos del ex presidente Menem

En cuanto al atentado contra la AMIA, a partir de 2003, empiezan a surgir algunas denuncias que vinculan al entonces presidente Menem, en el sentido que importante evidencia sobre la causa AMIA se perdió, se destruyó o desapareció, incluyendo material del sitio de la explosión, grabaciones telefónicas y direcciones de presuntos sospechosos. En concreto, un ex oficial de inteligencia iraní, Abdolghassem Mesbahi, señaló que Irán había depositado US$ 10 millones en una cuenta de un banco suizo, perteneciente a Menem, para garantizar que no se diera a conocer la participación de Irán en el atentado[ii].

Paralelamente, aparecen acusaciones contra Rubén Beraja, presidente de la DAIA y presidente del Banco Mayo, quien tuvo una proximidad con el gobierno de Menem, que fue aceptada por la mayoría de la comunidad judía hasta 1996.  Sin embargo, hacia 1997, una percepción generalizada de la especial relación de Beraja con el presidente Menem y con el ministro del Interior, Carlos Corach, aumentó las expresiones públicas de rechazo. Además, después de la quiebra del Banco Mayo, algunos documentos dieron a conocer que éste recibió una ayuda especial del Banco Central[iii].

El año 2004, en un fallo del Tribunal Oral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concentrado en la “conexión local”, se estableció el procesamiento del juez que llevaba la causa, José Galeano; personeros del gobierno argentino, partiendo por el ex ministro del Interior, Carlos Corach; funcionarios de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), encabezados por Hugo Anzorreguy; y representantes de la comunidad judía, como el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja. Al juez Galeano se lo acusó de “un comportamiento contrario al deber de buena fe en el proceso”, así como con otras irregularidades[iv].

También fue apartado del caso el juez Claudio Bonadío, subsecretario general de la Presidencia desde 1990 a 1992, por haberse negado a reconocer su relación con funcionarios menemistas[v].  Estos procesamientos fueron ratificados por el juez Ariel Lijo en octubre de 2009, cuando se decidió procesar, aunque sin prisión preventiva, además de los personeros antes mencionados, a Carlos Menem y a su hermano Munir Menem, acusados de obstruir la investigación. De manera más particular, existió un plan ideado por estos personeros, encabezados por el ex presidente Menem, de dar protección al comerciante de origen sirio, Kanoore Edul, quien tuvo vinculación con Carlos Telleldín, detenido tras comprobarse que tuvo la camioneta que se utilizó como coche-bomba. La conexión entre Menem y Edul había llevado a la investigación de una pista siria en el atentado[vi].

Menem y la pista siria

En cuanto a la conexión internacional del atentado contra la AMIA, en 1996, el juez Galeano pidió la captura internacional de cuatro iraníes que trabajaban en la Embajada de Irán en Buenos Aires y además solicitó a la Corte Suprema que citara a declarar a otros tres diplomáticos iraníes. Estas solicitudes fueron el resultado del testimonio entregado por Manoucheh Moatamer, ex agente de inteligencia iraní quien, tanto en 1994 como en 1996, acusó a Irán de los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA[vii].

Según las declaraciones de este testigo a Galeano, realizadas en Alemania, “el atentado contra la AMIA habría sido planificado y decidido en 1992, en Irán, como represalia a Argentina por la cancelación de un embarque de exportaciones de tecnología nuclear”. La exportación de tecnología a Irán destinada a completar el ciclo de uranio había sido resuelta en dos contratos bilaterales de octubre de 1988, los que fueron anulados por presión de Estados Unidos e Israel en diciembre de 1991. Esta venta la hizo la empresa estatal argentina INVAP SE (Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado)[viii].

Por su parte, el año 2005, hacia la misma fecha en que se acusaba a los iraníes, un estudio de Carlos Escudé, asesor del entonces ministro de Relaciones Exteriores argentino, Guido di Tella,  y de Beatriz Gurevich, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, señaló que Irán y Hezbolá no fueron los únicos actores transnacionales implicados en el ataque a la AMIA, sino que también estuvo comprometido Siria. Este país, al igual que Libia, dice el estudio, había entregado ayuda financiera para la campaña presidencial de Menem en 1989. Tras la invasión iraquí a Kuwait, Menem habría prometido al presidente sirio, Hafez al-Assad que Damasco heredaría la participación iraquí en el proyecto del misil balístico Cóndor II y que sería un receptor de tecnología nuclear argentina. Sin embargo, estas promesas no se cumplieron y debido a la presión de Estados Unidos, Argentina tuvo que cancelar el proyecto Cóndor II, con lo cual el presidente Assad se habría sentido traicionado.

La pista siria es seguida y retomada por la justicia argentina durante 2005, cuando la causa pasa a manos del juez Rodolfo Canicoba Corral y los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez. Estos retoman su trabajo a partir de varios elementos que incluyen principalmente investigar si Kanoore Edal, considerado como la base de la “pista siria”, y desde cuyo celular se llamó a Telleldín cuando se puso en venta la camioneta que explotó frente a la AMIA, colaboró con el atentado[ix]. Como parte de la “pista siria” aparecen involucrados el ex presidente Menem y su hermano Munir Menem. El fiscal Nisman maneja la hipótesis de que Munir Menem llamó al ex juez Galeano a instancias del ex presidente para decirle que dejara de investigar a Kanoore[x]. Sobre esta base se decidió el procesamiento a Menem en octubre de 2009.

Pérdida de confianza en las instituciones nacionales y comunitarias

            El largo retraso que han sufrido las investigaciones sobre los dos atentados más grandes de la historia argentina, así como el procesamiento al ex presidente Menem, junto a otras altas autoridades, muestran una característica propia de la sociedad argentina: la pérdida de confianza en las instituciones nacionales y comunitarias judías. Estos procesos de desconfianza deben considerarse en el contexto de las transformaciones sociales y económicas experimentadas por el conjunto de la sociedad argentina durante los últimos 15 años, los que alcanzaron un punto extremo en la crisis del año 2002.

Existen desarrollos paralelos, relacionados con situaciones de empobrecimiento, descolectivización de las identidades, privatización de los espacios públicos, crisis de las identidades personales, pérdida de confianza en las instituciones públicas y privadas[xi].  El informe del PNUD 2005[xii] para Argentina muestra que después de la crisis de 2002 lo que identifica a los argentinos son rasgos personales negativos. El quiebre de la confianza se manifiesta en una imagen considerablemente mala de los distintos grupos sociales e instituciones del país. En una perspectiva comparada con otros países latinoamericanos, el grado de desconfianza institucional de los argentinos es el de mayor nivel regional.  Esta pérdida de confianza también alcanza a las comunidades judías a partir de una fuerte crítica a la centralización comunitaria que todavía representarían estas comunidades[xiii]

Notas