Presión a Cristina K por extradición de Apablaza

Gestiones de la Comunidad Judía en Chile ante Argentina y EE.UU., por contradicción en postura del gobierno transandino

La Comunidad Judía en Chile, por petición expresa de la UDI, comenzó a realizar gestiones ante sus símiles argentina y norteamericana, para presionar al gobierno de Cristina Fernández para que acceda a la extradición del ex frentista chileno Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards.

El presidente de la comunidad, Gabriel Zaliasnik, ha iniciado contactos con la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) y con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), para que éstas transmitan a la Cancillería argentina la contradicción que supone un eventual asilo a Apablaza y la persistente solicitud de extradición hecha por Argentina a Irán, para ocho ciudadanos de esa nacionalidad acusados del atentado contra la Amia, en 1994, y que dejó 85 muertos y 300 heridos.

Tal moción fue repetida ayer por la propia mandataria transandina en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, e incluso ofreció juzgarlos en un tercer país.

Fuentes cercanas a las gestiones aseguran que las de Zaliasnik han estado dirigidas al presidente de la Amia, Guillermo Borger, y al presidente de la American Jews Comitee (AJC), David Harris, y la encargada para Latinoamérica de esta institución, Dina Siegel. Estos dos últimos personeros le dieron su más irrestricto apoyo, según relatan las fuentes. También acordaron transmitírselo a Cristina Fernández y su canciller, Héctor Timerman.

Los argumentos chilenos para conseguir el apoyo judío no son menores: a la ya mencionada inconsistencia que tendría Cristina Fernández ante la comunidad argentina por el caso Amia, se suman las gestiones realizadas hace tres años por el entonces director de Investigaciones y presidente de Interpol, Arturo Herrera, para conseguir los votos necesarios para que este organismo mantuviera las banderas rojas (red flags) sobre los ocho ex funcionarios iraníes -presuntamente de Hezbolá- que prestaban servicios en Buenos Aires y que han sido acusados del atentado.

La UDI, a través de su presidente, Juan Antonio Coloma, coincidió con la crítica. "Si existe coherencia, no veo cómo se pueda denegar la extradición que nuestro país está pidiendo. Ambos crímenes ocurrieron en fechas muy parecidas y tienen rasgos similares", dijo el timonel.

 

Fuente: latercera.cl
 

 

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