En octubre de 2004, la Comisión Europea, en una controvertida medida, tomó una decisión de trascendental importancia, cuando recomendaba, bajo determinadas condiciones, que dieran comienzo las negociaciones para la adhesión plena a la Unión Europea de la República de Turquía, otrora el Estado más laico de todas las naciones islámicas, creado por Mustafa Kemal Atatürk en 1923 sobre las ruinas del Imperio Otomano. La incorporación de Turquía a la Unión Europea (UE) no se concretó hasta el presente, por la tenaz oposición de varios de los miembros del organismo que veían con recelo al postulado país euroasiático, quien sin embargo integra la OTAN desde 1952, siendo sus efectivos militares, los más numerosos después de los EE.UU.

Varias definiciones de Europa insisten en definir que un país es europeo en base a su “valoración política” por parte de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Paradójicamente, en momentos que Turquía bajo la férula de Recep Tayipp Erdogan se está alejando raudamente de Occidente y refuerza sus lazos con Irán, Siria y el islamismo más radical, Bélgica, quien se hará cargo el primero de julio de 2010 de los seis meses de presidencia rotativa de la UE que actualmente ocupa España, anunció en Madrid a través de su Secretario de Asuntos europeos Olivier Chastel, que apoyará la ampliación de la Unión Europea para incluir a Croacia, Islandia y Turquía durante su próxima presidencia del bloque. De concretarse esa moción, que cuenta con la reticencia -entre otros- de Francia y Alemania, Turquía se convertiría ipso facto en el Estado más grande de la UE.

Chastel habló de la posibilidad de abrir un nuevo capítulo de negociación con Turquía en los próximos meses, después que España, que tenía la presidencia rotatoria en el primer semestre, se mostrara particularmente activa para hacer progresar los casos.

“Bélgica quiere continuar sobre los tres casos iniciados por España, el de Croacia, Turquía e Islandia”, declaró el responsable belga en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo español, Diego López Garrido.

Las encuestas de opinión llevadas a cabo desde hace años en muchos países, y particularmente las de Francia, demuestran una amplia oposición a que Turquía acceda a la UE. Cuando Turquía obtuvo la categoría de país candidato por considerarse que disponía de las características básicas de un sistema democrático, aunque paralelamente mostrara deficiencias serias en materia de derechos humanos y protección de las minorías, la UE se vio en un callejón sin salida y no pudo aplazar indefinidamente las negociaciones para la adhesión. Cualquier rechazo, dados los innegables progresos realizados por Turquía, hubiera supuesto una confirmación de la afirmación de Atatürk: “Occidente siempre ha visto con prejuicios a los turcos, pero nosotros los turcos siempre hemos avanzado sistemáticamente hacia Occidente.”
Los criterios de Copenhague son las reglas que definen si un país es elegible para convertirse miembro de la Unión Europea . Los criterios requieren que el Estado tenga unas instituciones que preserven la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, una economía de mercado en funcionamiento, y que el Estado acepte las obligaciones e intenciones de la UE. Estas pautas de adhesión fueron establecidas en junio de 1993 en el Consejo Europeo celebrado en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, de la que toman su nombre.

En virtud que setenta millones de musulmanes o más, incluyendo un número incalculable de peligrosos jihadistas islámicos, podrían ingresar en forma sencilla al Viejo Continente y viajar y desplazarse libremente por su territorio, aceptar a una Turquía en vías de radicalización fundamentalista como propicia Erdogan, equivale a un intento de suicidio por parte de Europa, que ya ha sido victimizada por el terrorismo y no aprendió la lección.

Fuente: RKpress